Miguel Rodero para esHORA Salamanca / En ocasiones los intereses de unas organizaciones parecen chocar con los de otras, creando así un cruce mediático que nos “obliga” a posicionarnos a los ciudadanos.

La situación del lobo en Salamanca, así como gran parte de Castilla y León, lleva años en la cuerda floja ante las constantes quejas lanzadas desde los ganaderos y como lucha abanderada desde la organización agraria ASAJA, quienes recientemente lograban su mayor victoria con el posicionamiento de la Junta de Castilla y León logrando que se abatan lobos en Salamanca y otras provincias por ser incompatible su presencia con la ganadería extensiva que hay en la provincia.

Los argumentos de la Junta son más que cuestionados, siendo la institución incluso acusada de falsificar los censos de lobos. Así lo hizo PACMA quienes aseguraron que“Nuevamente, el gobierno de Castilla y León se pone al servicio de los intereses de cazadores y ganaderos. Un estudio independiente revela que existen menos ejemplares en la zona de los que el gobierno regional contabiliza” manifestando que de cumplirse los cupos de caza autorizados por la Junta “se está poniendo en peligro la pervivencia de esta especie”. 

También Ecologistas en Acción exige hoy mismo, aunque no es una reivindicación nueva para la asociación, “la paralización inmediata de las cacerías de lobo por ser ilegales” y esgrimen que la matanza de lobos incumple hasta tres directivas diferentes: El Convenio de Berna, La Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats y La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Desde Ecologistas en Acción además señalan directamente a la Junta y Diputación por la mala gestión de este conflicto, asegurando que “el gobierno regional y el provincial son, por su inacción a la hora de abordar este conflicto durante años, los responsables de esta situación de crispación generada y que están intentando resolver autorizando cacerías y exterminios ilegales”.

A la “confrontación” también se ha sumado el movimiento ciudadano Lobo Marley, quienes han entregado contra el exterminio del lobo al Presidente de la Junta de Castilla y León más de 190.000 firmas, manifestando que “El conflicto del lobo, es una mentira oficial que solo beneficia a los intermediarios… el lobo es un tesoro de nuestra fauna. Hay otras alternativas para la existencia del lobo, pero no interesa buscarlas”. 

El lobo está muy presente en la actualidad política, siendo Izquierda Unida la formación con representación parlamentaria que más activamente se acerca a la postura de los ecologistas. Por contra PP y PSOE se alían repetidamente para que provincias como Ávila se declare “libre de lobos”. 

Pilar Gonzalez, Responsable de Medio Ambiente de IU en Castilla y León, declaraba a esHORA Salamanca que “la Junta debería reunir a todos los colectivos afectados en un intento serio y consensuado para buscar soluciones dejando de actuar a salto de mata y comenzando a gestionar a largo plazo la problemática”. 

Desde la formación de IU Ávila se apuntaba recientemente un posicionamiento que no está exento de razón “esta especie y la ganadería tradicional serían perfectamente compatibles si la administración regional cumpliera, con rigor y rapidez, con el pago acordado de las indemnizaciones a los ganaderos afectados”.

Tras estas declaraciones, y repasando la Finalidad y los Objetivos que se recogen en el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, se puede comprobar como ninguno de ellos se cumple:

• “minimizar los efectos negativos que la especie pueda originar sobre el ganado, aumentando la tolerancia a su presencia y previniendo las acciones hostiles y vengativas contra ella”
• “facilitar la expansión hacia aquellas áreas donde sea ecológica y socialmente aceptable, especialmente hacia el sur”
• “fomentar al lobo y a su imagen como un recurso socioeconómico que favorezca el desarrollo rural”
• “auspiciar la investigación científica sobre su biología, ecología y comportamiento y la divulgación al público en general de todos estos conocimientos”