El trabajo doméstico está fuertemente feminizado, ya que el 80% es realizado por mujeres, y en la actualidad es sinónimo de precariedad y falta de derechos.

En España, el 30% de las empleadas del hogar carecen de protección social: de las 614.200 ocupadas en este sector, solo 424.423 están afiliadas a la Seguridad Social. En muchos casos, a pesar de lo que se puedan creer las empleadas, no están dadas de alta en la Seguridad Social, y por ello se hace imprescindible solicitar una vida laboral para constatar que no están siendo engañadas.

Este duro trabajo, además, tiene una de las remuneraciones más bajas en el mercado laboral. Las trabajadoras sufren, además, una alta rotación, pagos en especie frecuentes, salarios irregulares, y falta de contratos de trabajo formales.

A pesar del aumento de la afiliación en España, las empleadas domésticas siguen sin tener las mismas condiciones laborales que el resto de trabajadores, por ejemplo, carecen de derecho al desempleo.

A finales del 2011 en España había 686.900 personas dedicadas al trabajo doméstico, de las 248.916 estaban afiliadas a la Seguridad Social, el 42,9% del total. En el 2015 el porcentaje ha crecido hasta el 69,1% ya que el número de afiliadas es 424.423 cotizantes sobre un total de 614.200 personas ocupadas.

España es uno de los países que no ha firmado el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantiza unas condiciones de empleo y de salarios justas, pero hay varios países en Europa donde la cobertura social para las trabajadoras domésticas es total. Es el caso de Luxemburgo, Países Bajos, o Noruega: la afiliación a la Seguridad Social es obligatoria, cuentan con atención médica, cotizan para una futura pensión, cuentan con prestación por enfermedad y accidente profesional, tienen derecho al desempleo y también a prestaciones familiares y por maternidad.