El TSJCyL dice que la Junta ‘vulneró el derecho a huelga’ con los servicios mínimos del 29-S

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nulos total o parcialmente dos acuerdos decretados por la Junta para regular los servicios mínimos de la Huelga General del 29 de septiembre de 2010 por vulnerar el derecho de huelga de los trabajadores, según informaron hoy fuentes del sindicato CGT que interpuso demandas por este motivo.

Europa Press / “De esta manera el sindicato CGT gana dos demandas planteadas por lesión de derechos fundamentales”, sostienen a través de un comunicado. Una con motivo del acuerdo de la Consejería de Administración Autonómica del 23 de septiembre por el que se garantiza el mantenimiento de servicios esenciales para la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que prestan sus empresas. En concreto, las empresas afectadas son las que prestan servicios de limpieza y seguridad a la Junta, y el 112 de Castilla y León. La sentencia “estima parcialmente la demanda planteada por CGT y anula el acuerdo en el punto segundo a, párrafo segundo, por el cual la Administración delega la concreción de los servicios mínimos a las empresas”, según indican desde CGT.

“Lo que en realidad ha hecho la Junta de Castilla y León, autoridad competente para fijar los servicios mínimos, es, ni más ni menos, hacer dejación de sus funciones en favor de las propias empresas, a quienes no es que se difiera la determinación de quienes de los trabajadores han de desempeñarlos ?no es este el problema-, sino que se las encomienda, a la postre, la propia determinación de la esencialidad del servicio y la concreción de los propios servicios mínimos, lo que claramente contraviene el precepto que se invoca”, señala la resolución judicial del TSJ.

La segunda denuncia de CGT Castilla y León es sobre el acuerdo del 23 de septiembre de la Junta de Castilla y León por el que se garantiza la prestación de servicios esenciales en el ámbito de los entes públicos de derecho privado, empresas públicas, de los sectores de transportes, de farmacia, de la enseñanza privada, servicios complementarios y de la educación universitaria.

La sentencia del TSJ admite que se “ha lesionado el derecho de huelga y estima que concurre temeridad en la conducta de la Junta de Castilla y León”. “Reconoce que se han fijado unos servicios mínimos desproporcionados (en algunos casos del cien por cien), sin motivar las razones que los justifican, impidiendo la defensa de los implicados y sin poder ser fiscalizable por la jurisdicción contenciosa”, concluyen desde la organización sindical.

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